Integrantes del colectivo ‘Unión Ciudadana por el Derecho a una Vida Digna y Justa’ exigen poder reunirse con la gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda por el temor que tienen de perder su patrimonio familiar a la mala.
Familias de los terrenos invadidos de la colonia Maclovio Rojas, taxistas de la empresa Rojo con Negro, así como víctimas de los deslaves de Lomas del Rubí integran el grupo.
Hace una semana cerraron la garita de Otay-Estados Unidos y el Bulevar Bellas Artes para presionar a las autoridades del Consulado General de Estados Unidos que intervinieran para que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador los reciba y garantice que sus bienes estarán protegidos.
Aunque en la pasada administración les prometieron respetarlos, siguen los acosos para que abandonen el hogar y temen que existan represalias contra quienes se nieguen a hacerlo.
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