El Gobierno de Baja California contrató un financiamiento por 500 millones de pesos que se destinará a la protección de niñas, adolescentes y mujeres.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda resaltó que con este financiamiento se impulsarán proyectos para que las mujeres logren tener una autonomía económica, reforzar su seguridad y asegurar la justicia para todas las víctimas.
“Se da un paso importante en el impulso de proyectos para lograr la autonomía económica de las mujeres, la seguridad y la justicia para las víctimas”, aseguró Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California
Serán creados proyectos relacionados con el transporte público exclusivo para mujeres y sus hijas e hijos, para centros comunitarios con perspectiva de género, infraestructura, seguridad pública y equipamiento de la Red Naranja.
Con estas acciones abatirán la desigualdad, discriminación y así como también se ejercerán acciones para erradicar la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, aseguró la mandataria estatal.
Marco Antonio Morreno Mexía, titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, indicó que fue el 12 de octubre cuando se publicó la convocatoria para participar en la licitación pública, dirigida a las instituciones financieras del país, tras lo cual se recibieron ofertas de financiamiento de cuatro instituciones, entre ellas BANOBRAS.
“Las ofertas recibidas totalizaron un monto agregado de dos mil millones de pesos, superando en cuatro veces el monto licitado por el estado. Entre las ofertas recibidas, se consiguieron niveles de sobretasa muy competitivos como reflejo de la confianza de las instituciones financieras en la actual administración, así como el interés de dichos agentes en financiar proyectos con perspectiva de género”, expuso.
El pasado 9 de noviembre se emitió el fallo de la licitación, ganando Banorte, con un monto de 500 millones de pesos; y este crédito se formalizará este mes, para poder disponer de los recursos antes del 31 de diciembre de 2023.
El financiamiento con perspectiva de género es a 15 años y cuenta con una estructura de pago, a través de un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, lo que le brinda solidez y certidumbre a la estructura.
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