Morena suspense los derechos partidarios de la alcaldesa de Tijuana

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena suspendió provisionalmente los derechos partidarios de Montserrat Caballero, Alcaldesa de Tijuana.

Tras la denuncia que fue presentada en contra de la munícipe por cometer alta traición, debido a que presuntamente apoyó a la candidata Maricarmen Flores, de la coalición PAN, PRI y PRD en las pasadas elecciones.

De acuerdo con esta medidas, la alcaldesa no podrá participar activa o pasivamente en cualquier evento organizado por algún partido político o candidatura distintos a Morena.

Así como tampoco participar en cualquier proceso de renovación de cargos al interior del partido guinda.

Fue Francisco Javier Tenorio Andújar, representante de Morena quien presentó ante la Junta local del Instituto Nacional Electoral una denuncia.

En la denuncia Caballero es responsable de “grave afectación a la imagen de Morena frente al electorado y la sociedad mexicana en general, ya que la denunciada pretende generar confusión entre la militancia en el estado de Baja California”.

La morenista ofreció apoyar a Flores económicamente y mediante la recomendación de estrategias políticas, con el objetivo de afectar a Ismael Burgueño Ruiz, candidato de Morena.

“A Montserrat Caballero se le acusa de promover la división entre los miembros de Morena y violar el principio de unidad; de violación a los principios establecidos en los Documentos Básicos de Morena.

“Así mismo de incumplir con su obligación de defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios a su alcance “a las personas protagonistas de cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como a los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataque de nuestros adversarios”, señala la Comisión.

El 4 de julio pasado, la Comisión de Honestidad y Justicia emitió la cédula de notificación con la que la denuncia fue vinculada a la Comisión Nacional de Elecciones.

Los involucrados fueron notificados y la alcaldesa tendrá un plazo de cinco días hábiles para responder lo que a su derecho convenga.

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