La juez de Control del Partido Judicial de Tijuana vinculó a proceso a ex diputado local del Partido del Trabajo por su presunta responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La vinculación a proceso es por la denuncia que el subconsejero jurídico de Baja California, Julio César Díaz Meza, presentó el 25 de agosto de 2023 contra el entonces legislador y con motivo de diversas aseveraciones hechas por el integrante del PT en contra de la mandataria estatal.
De acuerdo con la juez de Control las afirmaciones, emitidas en 2022, encuadraron en tres hechos ocurridos el 18 de enero, el 7 y 9 de febrero.
En enero el exdiputado sostuvo que aunque estuviese sin el compromiso de la maternidad la gobernadora no podría tener el control de la administración estatal y que en todo caso había delegado el poder a su esposo, Carlos Torres.
En febrero, manifestó que en Baja California había un vacío de poder y autoridad y señaló que así como pidió licencia en su carácter de diputada y alcaldesa, la gobernadora la había pedido por concepto de maternidad.
El 9 de febrero, señaló que en el gobierno de Baja California quien tomaba las decisiones era Carlos Torres.
La juez detalló que los tres hechos se suscitaron en el marco de los derechos políticos electorales de una mujer y recalcó que como derecho político figura el de participar en el gobierno y asumir cargos públicos.
Castro Rodríguez afirmó que los mensajes tuvieron un contenido de violencia de género, principalmente por referir que el embarazo disminuía la capacidad intelectual de la gobernadora y que su marido era quien tomaba las decisiones.
Este es el primer caso por violencia política contra las mujeres en razón de género en que se emite auto de vinculación a proceso en Baja California.
La Fiscalía General del Estado solicitó que se mantengan las medidas cautelares dictadas contra el exdiputado, consistentes en una firma catorcenal y la prohibición de hablar de la mandataria estatal en medio de comunicación alguno o por mensajería, redes sociales.
“Continúan vigentes”, asentó la juez en alusión a las medidas. La FGE también solicitó un plazo de investigación complementaria, aprobado para correr a partir de este martes, hasta el 21 de septiembre.
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