Luego de la incautación de 15 millones de litros de combustible en el estado de Coahuila, comenzaron las investigaciones para dar con los presuntos responsables, mismas que arrojaron al exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su relación indirecta con la empresa Lambrucat.
La gobernadora, Marina del Pilar, señaló que de acuerdo con la fiscalía del estado, el exgobernador es parte de la investigación por la probable relación de tráfico de combustible.
En este contexto, varias empresas dedicadas al transporte, importación, exportación y almacenamiento de hidrocarburos operan con aval oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener), aunque parte de ellas han sido investigadas por prácticas ilícitas relacionadas con el robo de combustible.
Lambrucat es señalada en actos de tráfico de combustible y vinculada indirectamente con el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien declaró que la inclusión de la empresa en la lista de comercializadoras fue una propuesta del Gobierno Federal y que se actuó conforme a las autorizaciones vigentes.
De la ordeña directa de ductos a manejar grandes volúmenes desde plantas industriales, así es como ha evolucionado la operación de los grupos delictivos dedicados al tráfico de combustible, además se fortaleció la modalidad del denominado huachicol fiscal: combustible que ingresa con documentos alterados o subregistrados ante autoridades aduaneras.
En la última incautación relevante, se detectaron 15.5 millones de litros de combustible, de los cuales una mínima parte tenía documentación regularizada.
¿Qué se ha descubierto con las primeras investigaciones?
Entre los involucrados, según investigaciones federales y estatales, aparecen empresarios y políticos de Baja California ligados a la empresa Ingemar S.A. DE C.V., incluyendo a Ruffo Appel, el empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, su hijo Ricardo Thomson Navarro y el socio extranjero José Merino Cuervo.
Estos empresarios y políticos han sido señalados en diferentes momentos por sus nexos con empresas que, a pesar de tener luz verde oficial para operar, han sido mencionadas en investigaciones sobre robo y comercialización irregular de hidrocarburos.
En el caso de Ingemar S.A. DE C.V., antes de recibir cuatro concesiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se registraron conflictos internos entre accionistas y posteriores disputas legales por la posesión de acciones y el control de la empresa.
Otras compañías relacionadas y bajo investigación incluyen Labrucat y Combustibles y Derivados Belar S.A. de C.V.; esta última ha detenido y reanudado operaciones en varias ocasiones por sanciones de las autoridades hacendarias.
Ruffo sostiene que parte de la sociedad surgió para proyectos portuarios en El Sauzal, Ensenada, y que su rol directo en la importación o manejo ilegal de combustible ha sido inexistente.
No obstante, los otros socios de Ingemar sostienen que hubo maniobras para relegarlos y que el otorgamiento de los permisos solo benefició a quienes ya controlaban la empresa.
Ricardo Thomson Ramírez y su hijo expresaron que la reducción de sus acciones se realizó sin notificación y con la finalidad de beneficiarse privadamente de las utilidades generadas por los permisos de importación concedidos durante el sexenio anterior.
En el listado de empresas mencionadas en investigaciones de 2025 destacan Mefra Fletes, IPS, Autolíneas Roca, Montimez, Grupo Petrotamps y Distribuidora Industrial; todas operan en diferentes nodos logísticos y de transporte.
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