La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, luego de una orden de aprehensión emitida en febrero pasado por presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora, medida que también incluye a empresas asociadas al exfuncionario, así como a sus familiares y socios.
En un comunicado conjunto, la SHCP y la Secretaría de Gobernación (Segob) detallaron que el bloqueo financiero fue resultado del análisis de operaciones inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles esquemas de simulación fiscal.
Además, la Segob suspendió las actividades de empresas de juegos y sorteos vinculadas a personas allegadas a Bermúdez Requena.
De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las casas de apuestas y sorteos relacionadas con la familia del exfuncionario contaron con el aval de Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena, quien antes se desempeñó como notario público en Villahermosa y luego como titular de la Segob.
En 2017, los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez fundaron la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., la cual obtuvo en 2018 una licencia federal para operar apuestas en línea.
MCCI también reportó que Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exmando estatal, fue sometido a arresto domiciliario en Paraguay por explotación ilegal de apuestas deportivas mediante la cadena Crown City.
Los registros indican que Humberto Bermúdez Requena es accionista de esa empresa y responsable de otros sitios web relacionados con apuestas.
En años anteriores, la familia Bermúdez Requena amplió su presencia en el sector de juegos en estados como Yucatán y Sonora.
Según documentos mercantiles, al menos una de las empresas relacionadas con estas operaciones recibió una prórroga de diez años para operar casinos en octubre de 2022, cuando López Hernández encabezaba la Segob.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas como parte de las acciones contra el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
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