Hasta 8 años de cárcel se dará a las personas que intervengan o alteren sistemas de videovigilancia, popularmente conocido como “halconeo”, con la intención de cometer actividades delictivas, según una iniciativa que enviará la gobernadora Marina del Pilar Ávila al Congreso de Baja California.
La mandataria estatal lo dio a conocer este miércoles durante su conferencia matutina, en la que refirió que han trabajado de manera conjunta con el diputado local Jorge Ramos, además de referir lo que han hecho durante su administración para combatir este tipo de prácticas del crimen organizado.
“Hemos retirado, en esta administración, más de 1,600 cámaras de procedencia desconocida, de las cuales la mayoría corresponden justamente a este año”, citó Ávila Olmeda.
Posteriormente, mostró a la prensa la iniciativa firmada y de la que se preveía su entrega para este día.
Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal, explicó que es una iniciativa de reforma al Artículo 317 del Código Penal, con el propósito de reformar la conducta penal conocida como “halconeo”.
El abogado recordó que esto consiste en sancionar a las personas que obtengan información de alguna institución de seguridad pública o de procuración de justicia y la comparta con otra persona a través de cualquier medio con el propósito de, entre otros, cometer, planear o cubrir algún delito.
“En primer lugar vamos a incrementar la sanción penal: de 1 a 3 años pasaría de 5 a 8 años de prisión. Asimismo, estamos previendo nuevas conductas como la de intervenir, alterar o dañar el sistema de videovigilancia si se encuentra instalado en las vialidades públicas o en inmuebles donde se preste algún servicio público”, detalló.
Pon Méndez agregó que también sancionarán la instalación de estos sistemas para los supuestos anteriores de vialidades o inmuebles públicos.
“Aquí sí es importante recalcar que no se va a sancionar, que no es un delito que los particulares continúen instalando, o utilizando, cámaras de videovigilancia en sus domicilios”, aclaró.
Se están estableciendo nuevas causales consideradas como agravantes del delito, prosiguió el funcionario, que consisten en sancionar con mayor rigor, hasta en una mitad más de la pena correspondiente, a exservidores públicos o servidores públicos de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia o de la administración de justicia.
“De igual forma se sanciona a las personas que utilicen cualquier clase de equipo que permita intervenir canales o transmisiones oficiales de instituciones públicas de seguridad o de procuración de justicia para obtener información”, remarcó el abogado.
Marina del Pilar entró en funciones el 1 de noviembre de 2021, por lo que serían aproximadamente 427 las cámaras retiradas por año en Baja California en 3 años y 9 meses de lo que va de su administración, o un promedio de 36 por mes.
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