Con el objetivo de preservar el empleo formal y mantener la competitividad de Baja California, empresarios de Tijuana solicitaron al gobierno estatal y al Congreso local reducir de 4.25 a 3.0 por ciento la tasa del impuesto sobre nómina contemplada en la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, actualmente en análisis legislativo.
De no concretarse esta reducción, el estado podría perder entre 50 mil y 75 mil empleos formales durante el próximo año, además de dejar de captar alrededor del 2 por ciento de la inversión en la frontera norte, lo que implicaría que entre 40 y 60 plantas de manufactura no se instalen en la entidad, advirtió el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís.
El dirigente empresarial informó que el lunes 15 de diciembre de 2025, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, sostuvo una reunión con los secretarios estatales de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, y de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, para exponer la postura del sector productivo.
En una conferencia conjunta, acompañado por representantes de Index Zona Costa, Canacintra Tijuana, CMIC Tijuana-Tecate-Rosarito, Canieti Noroeste, Coparmex Ensenada y la presidenta electa de Coparmex Tijuana, Elisa Ibáñez, Vega Solís señaló que la tasa vigente de 4.25 por ciento coloca a Baja California 42 por ciento por encima de entidades competidoras como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora.
Detalló que esta diferencia de 1.25 puntos porcentuales genera sobrecostos significativos para las empresas. Explicó que una compañía con 100 empleados enfrenta un gasto adicional anual de aproximadamente 300 mil pesos; con 500 trabajadores, el sobrecosto asciende a 1.5 millones de pesos; y con mil empleados, a más de 3 millones de pesos. Esta situación, afirmó, encarece la contratación de personal formal, presiona los costos operativos y genera impactos inflacionarios que terminan afectando a las familias.
El líder de Coparmex agregó que el impuesto sobre nómina genera en Baja California una recaudación anual de entre 11 mil y 12 mil millones de pesos. Para compensar una eventual reducción del gravamen, estimada en poco más de 2 mil 800 millones de pesos, propuso medidas como eficientar en 5 por ciento el gasto corriente estatal, lo que permitiría generar cerca de 4 mil millones de pesos, reducir la publicidad gubernamental en alrededor de 500 millones y aprovechar un incremento en participaciones federales por cerca de 2 mil millones de pesos.
