Representantes de más de 24 casas funerarias de Tijuana denunciaron presuntas prácticas irregulares por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, a quienes acusan de desviar cuerpos hacia una funeraria privada que opera, aseguran, sin condiciones legales ni sanitarias adecuadas.
De acuerdo con el gremio funerario, agentes ministeriales y peritos estarían interceptando cadáveres —incluso en casos de muertes naturales— tanto en hospitales como en domicilios particulares, con el argumento de realizar investigaciones, para posteriormente canalizarlos a una misma funeraria, limitando la libre elección de las familias.
Durante una manifestación pública, Héctor Abasolo, director funerario, señaló que personal de la fiscalía opera de manera coordinada con una marca funeraria específica, otorgándole funciones que corresponden exclusivamente al Estado.
Explicó que las familias son presionadas bajo la advertencia de que, si no aceptan los servicios de esa empresa, el cuerpo sería enviado al Servicio Médico Forense (Semefo), lo que calificó como competencia desleal y un acto de intimidación.
Otro de los señalamientos apunta a que los cuerpos no son trasladados a instalaciones oficiales, sino a una vivienda particular habilitada como depósito, la cual opera con horarios limitados y cobra cuotas a otras funerarias para liberar los cuerpos, funcionando, según los denunciantes, como una especie de “aduana” ilegal.
Alejandra Alamillo, representante de la Funeraria De la Cruz, advirtió que esta práctica obliga a los funerarios a ingresar a una casa particular para recuperar los cuerpos, situación que consideró irregular y fuera de toda normativa sanitaria y legal.
Especialistas en medicina legal y exfuncionarios del sector salud coincidieron en que estos procedimientos violan la legislación vigente, ya que la fiscalía no tiene facultades para levantar cuerpos en casos de muertes naturales cuando existe un certificado médico, ni para resguardarlos en inmuebles privados.
Ante esta situación, el gremio funerario hizo un llamado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a la fiscal general del estado, María Elena Andrade, para que se investigue a los mandos medios presuntamente involucrados y se frene el presunto esquema de favoritismo y extorsión.
Los inconformes advirtieron que, de no atenderse sus demandas, las protestas podrían intensificarse, al considerar que estas prácticas han convertido los procesos funerarios en un negocio irregular que afecta tanto a las familias como a las empresas del sector.
