La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California enfrenta una grave filtración de información de cientos de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), luego de que una base de datos con datos sensibles fuera divulgada en foros digitales accesibles al crimen organizado.
Según el aviso publicado por un usuario identificado como Straightonumberone, la base de datos contenía 1,304 registros de personal, entre ellos la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), nombres completos, cargos, correos electrónicos y la adscripción municipal o ciudad de los agentes.
Además de la exposición de estos datos, en la misma publicación se lanzó una amenaza para divulgar aún más información confidencial el próximo 13 de enero, lo que ha generado preocupación tanto entre autoridades como sectores sociales.
Movimiento Ciudadano y especialistas en seguridad han cuestionado la solidez de los mecanismos de protección de datos en la Fiscalía, señalando que la filtración no sólo consiste en la difusión de información, sino en quiénes tienen acceso a ella y cómo podría ser utilizada por grupos criminales para identificar y ubicar a agentes y sus familias.
Aunque la FGE ha sostenido de manera no oficial que la información filtrada está “disponible públicamente” a través de solicitudes de transparencia y que no representa una vulnerabilidad mayor, expertos en ciberseguridad señalan que la combinación de estos datos con otras bases de información puede derivar en riesgos más graves, incluyendo amenazas directas, extorsión o incluso ataques físicos contra el personal afectado.
La exposición de estos datos ocurre en un contexto donde ya se han detectado vulnerabilidades en distintas bases de datos estatales, lo que motivó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar investigaciones por posibles brechas de seguridad en instituciones públicas.
Hasta el momento las autoridades de Baja California no han detallado públicamente acciones específicas para mitigar el daño ni medidas para proteger a los agentes afectados, mientras que organizaciones civiles y legisladores han pedido transparencia y protocolos de apoyo para el personal cuya información quedó expuesta.
