El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se deslindó de la petición que circuló en redes para que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitara licencia temporal o se separara de su cargo.
El organismo aclaró que dicha solicitud no fue un pronunciamiento institucional, sino una expresión firmada “a título personal” por algunos de sus integrantes.
En un comunicado oficial, el SNA explicó que no cuenta con facultades legales para requerir la separación de una persona titular del Ejecutivo estatal, y que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción conforme al marco constitucional y legal vigente.
El posicionamiento surgió luego de que se difundiera un documento en redes sociales que sugería que la mandataria estatal debía pedir licencia mientras se esclarece una investigación federal relacionada con su entorno familiar.
Aunque el llamado no constituye una postura formal del organismo, el SNA destacó la importancia de distinguir entre las opiniones personales de algunos de sus miembros y las decisiones del órgano colegiado.
En su aclaración, el comité también señaló que cualquier determinación sobre responsabilidades políticas o administrativas corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, y no está dentro de su competencia emitir exhortos de esa naturaleza.
Este deslinde se da en un contexto de amplia atención mediática a las investigaciones en curso, y busca separar la labor técnica y de prevención del SNA de juicios políticos que puedan interpretarse como intentos de influencia sobre cargos de elección popular.
