Representantes del sector inmobiliario y organismos consultivos denunciaron presuntos actos de corrupción en la tramitación de permisos de construcción en Tijuana, donde funcionarios públicos estarían solicitando pagos ilegales —conocidos como “moches”— para agilizar o destrabar procesos administrativos.
De acuerdo con las denuncias, estas prácticas afectarían directamente a desarrolladores, quienes enfrentan retrasos, obstáculos burocráticos e incluso condicionamientos económicos para obtener autorizaciones municipales necesarias para sus proyectos. En algunos casos, los cobros irregulares se realizarían en moneda extranjera.
El señalamiento fue expuesto por integrantes de un consejo consultivo local, quienes advirtieron que este tipo de actos no solo encarecen el desarrollo urbano, sino que también generan incertidumbre jurídica y desalientan la inversión en la región.
Además, alertaron que la existencia de estos presuntos “moches” podría estar vinculada a una red de intermediarios o funcionarios que aprovechan vacíos en los procesos administrativos para exigir pagos indebidos a cambio de liberar trámites.
Especialistas en desarrollo urbano indicaron que estas prácticas impactan directamente en el costo final de la vivienda, ya que los gastos adicionales suelen trasladarse a los compradores. Asimismo, señalaron que la falta de transparencia en la gestión de permisos favorece la discrecionalidad y limita la competencia equitativa entre desarrolladores.
Hasta el momento, autoridades locales no han confirmado investigaciones formales sobre estos señalamientos. Sin embargo, actores del sector han solicitado la intervención de instancias anticorrupción para esclarecer los hechos y sancionar posibles responsabilidades.
El caso se suma a preocupaciones recurrentes sobre corrupción en procesos gubernamentales vinculados al desarrollo urbano, un tema que ha sido señalado como uno de los principales retos para el crecimiento ordenado de ciudades fronterizas como Tijuana.
