El gobierno de California anunció una inversión de 46 millones de dólares destinada a impulsar proyectos de saneamiento ambiental, restauración de ecosistemas y protección de la salud pública en la cuenca del río Tijuana, una de las zonas fronterizas más afectadas por la contaminación de aguas residuales entre México y Estados Unidos.
Los recursos provienen de la Proposición 4, un fondo estatal aprobado por los votantes de California para financiar proyectos relacionados con el agua, el medio ambiente, el cambio climático y la conservación de recursos naturales.
La inversión será distribuida mediante programas de subvenciones para iniciativas que ayuden a reducir la presencia de bacterias, basura y otros contaminantes en la región fronteriza.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, desde 2018 más de 100 mil millones de galones de aguas residuales, desechos industriales y basura han llegado a la cuenca del río Tijuana, generando afectaciones ambientales y riesgos para la salud de miles de residentes del sur de California y de la frontera norte de México.
La contaminación ha provocado cierres recurrentes de playas, afectaciones a ecosistemas costeros y la emisión de gases asociados a problemas respiratorios y otros padecimientos entre habitantes de comunidades cercanas.
Diversos estudios y autoridades ambientales han señalado que la crisis se ha agravado debido al crecimiento urbano e industrial de la región y a las limitaciones de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
El gobernador de California, Gavin Newsom, destacó que la inversión busca atender una problemática que durante décadas ha impactado la calidad de vida de las comunidades fronterizas, aunque reconoció que se requiere una participación más amplia del gobierno federal estadounidense para alcanzar soluciones permanentes.
La asignación de recursos ocurre en paralelo a diversos proyectos binacionales entre México y Estados Unidos orientados a modernizar plantas de tratamiento, ampliar la capacidad de saneamiento y reducir las descargas contaminantes que llegan al río y posteriormente al océano Pacífico.
Organizaciones ambientales y autoridades locales consideraron positiva la inversión, aunque señalaron que representa solo una parte de los recursos necesarios para resolver de fondo una problemática que durante años ha afectado tanto al medio ambiente como a la salud pública en la región fronteriza.
