Un grupo de ciudadanos que impulsa una reforma para incorporar representantes sociales en los organismos operadores del agua de Baja California promovió un juicio de amparo contra el Congreso del Estado, al considerar que no se ha dado trámite a la iniciativa presentada para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Mario Zepeda Jacobo, representante de los promoventes, explicó que el recurso legal no pretende que un juez apruebe la reforma, sino que el Poder Legislativo cumpla con el procedimiento previsto en la ley y emita los acuerdos necesarios para dar continuidad al proceso legislativo.
Precisó que el amparo también busca proteger el derecho de participación de las mil 211 personas que respaldaron la iniciativa con su firma, cifra que supera el mínimo de 500 apoyos ciudadanos establecido por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
Zepeda Jacobo recordó que la propuesta fue presentada ante el Congreso el 24 de octubre de 2025, acompañada del proyecto de decreto, la exposición de motivos, el nombramiento de un representante común y el respaldo ciudadano requerido.
Sin embargo, aseguró que hasta la fecha no se les ha notificado una resolución formal que permita conocer el estado procesal de la iniciativa.
El promovente señaló que la reforma busca fortalecer la gobernanza del agua mediante una mayor participación ciudadana dentro de los organismos operadores, proponiendo que los consejos de administración estén integrados por cinco representantes del Gobierno del Estado y 5 representantes ciudadanos.
La iniciativa también contempla incorporar representantes de los sectores empresarial, académico y de los colegios de ingenieros y arquitectos, con el propósito de ampliar la pluralidad en la toma de decisiones relacionadas con la administración del servicio de agua.
Asimismo, plantea crear la figura del Comisario Ciudadano, quien tendría la función de representar directamente a la sociedad dentro de los consejos administrativos.
De acuerdo con Zepeda Jacobo, este cargo supervisaría el cumplimiento de las obligaciones institucionales, promovería la transparencia y la rendición de cuentas, además de informar periódicamente a la ciudadanía sobre el desempeño de los organismos operadores.
El representante de los promoventes afirmó que el juicio de amparo busca defender el derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración de leyes y recordó que este derecho no concluye con la presentación de una iniciativa, sino que también implica que las autoridades den respuesta conforme a los procedimientos establecidos.
