La Arquidiócesis de Tijuana informó que la sentencia dictada contra el sacerdote Noel Sebastián D’Mello, condenado a 21 años de prisión por el delito de violación impropia agravada, aún no es definitiva y puede ser impugnada conforme al proceso legal vigente.
A través de un comunicado, la autoridad eclesiástica señaló que el presbítero les ha informado que todavía no se le ha dado lectura formal al veredicto por parte del juez de enjuiciamiento, por lo que la resolución aún admite recursos legales.
Iglesia dice que respetará la resolución definitiva
La Arquidiócesis aseguró que acatará la determinación que emitan las autoridades judiciales una vez que el proceso concluya, al tiempo que reiteró su compromiso con el respeto al Estado de derecho.
Asimismo, pidió evitar emitir juicios anticipados mientras la sentencia no cause ejecutoria, al considerar que ello puede afectar tanto a la víctima como al acusado y vulnerar el principio de presunción de inocencia.
Sacerdote fue condenado por agresión contra una religiosa
El caso corresponde a una denuncia presentada por una religiosa, quien acusó al sacerdote de haberla agredido sexualmente en noviembre de 2020, durante una cita de confesión en una parroquia de Tijuana.
Tras el juicio, el juez determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sacerdote por el delito de violación impropia agravada, imponiéndole una pena de 21 años de prisión. Además, ordenó el pago de una multa y la reparación del daño material y moral a favor de la víctima.
Durante la misma resolución, el juzgador absolvió al sacerdote del delito de violación en grado de tentativa, al considerar que la Fiscalía no acreditó los elementos necesarios para configurar esa conducta específica. Sin embargo, la condena por violación impropia agravada se mantuvo firme dentro de la sentencia emitida en primera instancia.
La Arquidiócesis reiteró que dará seguimiento al desarrollo del procedimiento judicial y sostuvo que respetará la resolución que quede firme una vez agotados los recursos legales previstos por la legislación mexicana.
