Cinco exfuncionarios del XXIV Ayuntamiento de Tijuana fueron inhabilitados por un año luego de que autoridades detectaran diversas irregularidades administrativas relacionadas con el ejercicio fiscal 2022.
Las sanciones derivaron de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante la revisión de la cuenta pública y posteriormente remitidas a la Sindicatura Procuradora para el desarrollo de los procedimientos correspondientes.
La síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, explicó que entre los expedientes existen casos relacionados con el manejo de un fideicomiso, inconsistencias en información catastral y la contratación de servicios médicos subrogados.
Uno de los procedimientos involucra al ex tesorero municipal Raymundo Vega Andrade y al excoordinador de Tesorería Municipal José Ángel Cabrera Avilés.
De acuerdo con la información presentada por la Sindicatura, la revisión detectó una diferencia aproximada de 500 mil pesos entre los registros bancarios y contables de un fideicomiso destinado a garantizar indemnizaciones por fallecimiento para trabajadores operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Las autoridades señalaron que no se encontró documentación suficiente para justificar la diferencia, además de advertirse omisiones relacionadas con la administración del fondo.
Otro expediente involucra nuevamente a Vega Andrade, junto con Hitzia Massiel Martínez Valenzuela, quien se desempeñaba como directora de Catastro Municipal.
En este caso fueron detectadas inconsistencias en la clasificación de 17 claves catastrales registradas como naves industriales, pese a que las construcciones tenían otros usos o no contaban con documentación que respaldara dicha clasificación.
La Sindicatura atribuyó las observaciones a deficiencias en la actualización y control de la información catastral durante el ejercicio fiscal revisado.
Un tercer procedimiento corresponde a Nora Elisa Márquez, exdirectora del Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN), y Rangel de la Luz Vázquez, excoordinador administrativo del organismo.
En este expediente se detectaron irregularidades relacionadas con la contratación de servicios médicos subrogados.
Entre las observaciones se encuentran la falta de dictámenes técnicos, contratos y documentación que acreditara adecuadamente las adquisiciones.
El monto observado en este caso asciende a 778 mil 504 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Sindicatura.
La Sindicatura Procuradora informó que las revisiones continuarán, debido a que ya fueron recibidas observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y parte de 2024.
Esto abre la posibilidad de que se determinen nuevas responsabilidades administrativas, incluso relacionadas con servidores públicos de la actual administración municipal.
Con las nuevas resoluciones, suman alrededor de 10 exservidores públicos que han sido notificados por procedimientos derivados de observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
