Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Tijuana suspendieron labores para sumarse a una movilización nacional contra el nuevo esquema de evaluación de conocimientos y desempeño, al considerar que las disposiciones carecen de criterios transparentes y podrían poner en riesgo su estabilidad laboral.
La protesta se realizó el viernes 6 de noviembre y fue encabezada por personal de distintos órganos jurisdiccionales, quienes expresaron su inconformidad con las evaluaciones obligatorias programadas para diciembre.
Jesús Daniel Meza, secretario del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, informó que el registro para presentar los exámenes comenzará el próximo 11 de noviembre.
Las pruebas están previstas para los días 4 y 5 de diciembre, así como el 14 y 15 del mismo mes. El dirigente sindical advirtió que existe preocupación entre los empleados ante las posibles consecuencias de no participar en el proceso.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la forma de calificar. De acuerdo con los trabajadores, el examen teórico representará el 60 por ciento de la evaluación, mientras que el 40 por ciento restante dependerá de valoraciones de superiores y compañeros, cuyos criterios consideran poco claros y susceptibles de decisiones discrecionales.
Abraham Rodríguez, trabajador del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, señaló que no existe oposición a la profesionalización ni a la evaluación del personal, pero consideró que estas revisiones deberían realizarse cada cinco años y no anualmente.
Los inconformes también manifestaron preocupación por los empleados con varios años de antigüedad, quienes temen que una calificación desfavorable pueda afectar su permanencia en el servicio público y sus posibilidades de jubilación.
Prevén retrasos en trámites y juicios de amparo
La suspensión de actividades también podría repercutir en los ciudadanos que mantienen procedimientos legales ante los juzgados federales.
De acuerdo con los trabajadores, cada órgano jurisdiccional procesa diariamente entre 100 y 200 acuerdos, por lo que el paro podría generar retrasos en la atención de asuntos, particularmente en juicios de amparo y recursos legales.
La movilización forma parte de una protesta nacional que involucra a distintas sedes del Poder Judicial de la Federación.
Mientras los trabajadores exigen transparencia en los mecanismos de evaluación y garantías para sus derechos laborales, el Órgano de Administración Judicial sostiene que el primer ejercicio, previsto para diciembre, tendrá únicamente fines diagnósticos y no implicará aprobación, reprobación ni consecuencias individuales sobre la permanencia del personal.
El desacuerdo mantiene la tensión entre los empleados y las autoridades judiciales, mientras los inconformes buscan que se revisen las condiciones del nuevo modelo de evaluación.
