El Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma al Código Penal que permitirá sancionar a profesionales como abogados, notarios, contadores y servidores públicos que participen en actos de despojo de viviendas o en simulaciones jurídicas relacionadas con este delito.
La medida contempla la posibilidad de suspender o cancelar las cédulas profesionales de quienes incurran en falsificación de pruebas, manipulación de documentos o cualquier tipo de fraude legal que afecte el derecho de propiedad.
De acuerdo con los legisladores, los despojos inmobiliarios se han convertido en un problema recurrente en la entidad, por lo que la reforma busca frenar las prácticas irregulares que han dañado la confianza en el ejercicio del derecho.
El diputado Juan Manuel Molina García destacó que este tipo de actos fraudulentos ocurren en diversos procesos judiciales y que algunos profesionistas han desvirtuado su labor legal para incursionar en negocios inmobiliarios ilícitos.
“Está sucediendo que hay quienes están denostando la profesión; en vez de litigar de manera ética, se dedican al ramo inmobiliario, pero de forma ilegal y fraudulenta”, señaló el legislador.
Molina García advirtió además que sería particularmente grave si las personas encargadas de impartir justicia llegaran a participar en estas conductas, ya que ello vulneraría aún más la confianza en el sistema judicial.
La iniciativa fue aprobada por mayoría en el pleno del Congreso, y sus impulsores afirmaron que con estas reformas se busca garantizar que la práctica del derecho en Baja California sea un espacio libre de engaños y fraudes.
