La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, de acuerdo con un citatorio difundido este martes.
El edil fue requerido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para comparecer en Ciudad de México; sin embargo, no hay constancia de que haya salido de Tijuana para atender la cita.
Las pesquisas señalan presuntos vínculos del alcalde con el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez —acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de operar financieramente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— y con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como enlace operativo entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información difundida por Paco Zea, la acusación gira en torno a la supuesta asignación directa de contratos millonarios del Ayuntamiento de Tijuana a empresas relacionadas con estas figuras del crimen organizado. Medios locales también han señalado que, durante el último año, Burgueño habría utilizado recursos municipales para promoción personal.
El empresario Fernando Rafael Salgado ha sido objeto de controversia regional por presuntamente influir en la asignación de obra pública en Tijuana, Rosarito y Ensenada. La revista Zeta ha documentado una red de funcionarios que operarían a su servicio. Incluso, la gobernadora Marina del Pilar Ávila fue mencionada en la polémica tras celebrar el Día del Padre de 2024 en una residencia vinculada a una empresa del propio Salgado.
La FGR continuará con las diligencias y se espera que Burgueño y los implicados comparezcan en las próximas semanas. Hasta el momento, el alcalde de Tijuana no ha emitido declaración pública sobre el caso.
