En un lapso de diez meses, 16 mil 505 mexicanas y mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos a Baja California, principalmente a través de la garita de El Chaparral en Tijuana, de acuerdo con datos de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
La mayor parte de los repatriados fueron hombres mayores de 18 años, con 13 mil 483 casos, mientras que mil 949 mujeres adultas y mil 63 menores de edad también regresaron al país.
Incremento en deportaciones y contexto actual
El mes con más repatriaciones fue septiembre, cuando se registraron 2 mil 80 deportaciones hacia Baja California, según el mismo reporte oficial. Activistas migratorios advierten que estas cifras podrían seguir en aumento debido a las políticas migratorias más restrictivas implementadas por el gobierno de Estados Unidos, que incluyen redadas y el despliegue de más agentes fronterizos para detectar a personas con estatus migratorio irregular.
De los deportados, el 86% llegó por la garita de El Chaparral en Tijuana, mientras que el resto fue repatriado a través de la garita de Mexicali.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado prácticas de detenciones arbitrarias y extorsiones a personas deportadas por parte de elementos policiales municipales, especialmente en la Zona Norte de Tijuana, donde se concentran albergues que atienden a connacionales y migrantes extranjeros.
El coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana, José María García Lara, señaló que no es raro que quienes han sido repatriados sean interceptados cuando buscan trabajo o realizan compras, y que en algunos casos son despojados de sus pertenencias o documentos.
García Lara también subrayó la importancia de que el Gobierno de México reactive programas de apoyo económico a organizaciones civiles que atienden a personas deportadas, luego de que dichos recursos fueran cancelados por la administración anterior. Según activistas, esos apoyos eran fundamentales para el funcionamiento de albergues, que ahora dependen casi en su totalidad de donaciones.
A pesar de los esfuerzos federales por canalizar atención a los repatriados, los críticos señalan que las medidas aún son insuficientes, ya que las personas retornadas disponen de tiempo limitado en los albergues y luego deben buscar empleo y vivienda por su cuenta.
