Un incidente entre un alto dirigente empresarial y elementos de la Policía Municipal de Tijuana provocó una fuerte reacción de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que ahora exige cambios en la seguridad pública de la ciudad.
El conflicto se originó el miércoles 4 de febrero de 2026, cuando Héctor Riveros, vicepresidente de Canaco Tijuana, fue derribado, esposado y detenido brevemente por policías municipales durante un operativo vial en la colonia Libertad, según difundió un video compartido por la propia organización empresarial.
Riveros y el presidente de Canaco, Olivaldo Paz, se dirigían al aeropuerto cuando se toparon con una intervención policial a un vehículo con placas de California.
Al parecer, la detención del conductor fue por una supuesta infracción de tránsito, aunque medios locales reportaron que los agentes involucrados operaban sin placas visibles en la patrulla.
Al cuestionar la acción policial y grabar la situación, uno de los agentes respondió de forma agresiva, sometiendo a Riveros al suelo antes de esposarlo.
Horas más tarde, tras la intervención de mandos superiores, fue liberado sin cargos formales en el lugar.
Tras la detención, los dirigentes de Canaco acudieron a la Fiscalía General del Estado de Baja California para presentar una denuncia por presunto abuso de autoridad y daños.
Además, el organismo empresarial pidió la renuncia o relevo del Secretario de Seguridad Pública Municipal, José Avilés Amezcua, argumentando que este tipo de hechos reflejan fallas en el control y actuación de los elementos policiales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió de oficio una investigación por el presunto abuso de autoridad contra Riveros, basándose en las imágenes difundidas en redes sociales y testimonios proporcionados.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tijuana ha señalado que revisa los protocolos utilizados en el operativo documentado, con el fin de esclarecer la actuación tanto de policías como de los ciudadanos involucrados.
El alcalde Ismael Burgueño Ruiz se pronunció sobre el caso destacando que es necesario analizar con seriedad las imágenes y los hechos antes de pedir destituciones inmediatas, aunque aseguró que se evaluará toda la información disponible para emitir una postura clara.
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en Tijuana y el papel de las autoridades municipales en la intervención de situaciones que involucran a empresarios y ciudadanos, especialmente en zonas de alta afluencia turística y comercial.
