Más de 88 mil armas, cartuchos y otros artefactos bélicos han sido destruidos en Tijuana como parte de la estrategia de desarme voluntario, mediante la cual las autoridades buscan reducir los riesgos asociados con la posesión de armamento en los hogares y prevenir hechos violentos.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el material fue entregado de manera voluntaria y anónima por ciudadanos entre enero y octubre de 2026. Como incentivo, se distribuyeron más de 4.4 millones de pesos entre los participantes.
Durante las Jornadas de Paz y Desarme Voluntario, realizadas en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, el subsecretario de Prevención de las Violencias de la SSPC, Miguel Torruco Garza, dio a conocer el balance de los objetos recibidos.
El reporte contempla 60 armas cortas, 125 armas largas, 35 mil 25 cartuchos útiles, 52 mil 710 cápsulas detonantes, 398 cargadores y una granada de fragmentación.
Por la entrega de estos materiales, las autoridades otorgaron un total de 4 millones 486 mil 353 pesos en apoyos económicos. El programa permite a las personas entregar los artefactos de forma anónima, sin que se inicie una investigación penal por esa entrega.
Torruco Garza destacó que retirar armas y otros materiales peligrosos de las viviendas contribuye a disminuir la posibilidad de accidentes domésticos y evita que estos objetos puedan ser utilizados para cometer delitos.
Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, señaló que las acciones preventivas y la participación ciudadana son importantes para atender los problemas de violencia en las colonias del municipio.
En tanto, José Alejandro Avilés Amezcua, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, informó que la Policía Municipal decomisa habitualmente entre 15 y 20 armas de fuego por semana, aunque durante operativos de mayor intensidad la cifra puede llegar a 25.
Además, precisó que en lo que va del año se han remitido a las autoridades federales más de mil 800 armas aseguradas en intervenciones relacionadas con homicidios, robos con violencia, operativos de alcoholímetro y revisiones por faltas administrativas.
