Fue rechazada la Cuenta Pública 2020 del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez por el Congreso de Baja California, la cual sería sobre su primer año.
Fue considerado que existían irregularidades administrativas, como el contrato a una empresa privada para el suministro de energía fotovoltaica destinada al acueducto Río Colorado-Tijuana.
En este contrato el gobierno estatal se comprometía a pagar 37 mil millones de pesos en el curso de 24 años con una garantía de pago de las participaciones federales.
Otra de las observaciones fue por el incumplimiento de pago de un crédito fiscal por 800 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; bajo el concepto de fondos federales destinados a la Secretaría de Educación.
Esta información se dio a conocer conforme al acuerdo a la revisión del ejercicio presupuestal 2016 realizado por la Auditoría Superior de la Federación.
Durante la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso local, la diputada Alejandra Ang, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, presentó 12 dictámenes de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2020 de diversas entidades públicas.
Se señaló que fueron ocho cuentas públicas correspondientes al Fideicomiso HSBC F/138509 del organismo operador de la autopista La Rumorosa (FIARUM); del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC); del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) y del Ayuntamiento de Playas de Rosarito Baja California.
Los Informes Individualizados de ocho entidades públicas fueron no aprobados y estos son los correspondientes a:
- Ayuntamiento de Tijuana, Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE)
- Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME)
- Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE)
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (Cecyte)
- Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana (Imjuv) y del Poder Ejecutivo.
