Habitantes del condominio La Imperial, ubicado en la zona de Playas de Tijuana, denunciaron presuntas amenazas de muerte, agresiones e intentos de despojo, además de irregularidades relacionadas con la administración del conjunto habitacional y el cobro de cuotas de mantenimiento.
Los afectados acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Zona Río, para solicitar que se investiguen los hechos y se establezca quién tiene facultades legales para administrar las áreas comunes del complejo.
El conflicto comenzó el 11 de febrero de 2026, cuando un grupo de personas presuntamente ingresó a un departamento y posteriormente tomó el control de la caseta de vigilancia mediante actos de intimidación y agresiones contra trabajadores y residentes.
Los denunciantes sostienen que detrás de estos acontecimientos existiría un intento de controlar la administración del condominio y los recursos provenientes de las cuotas de mantenimiento.
Cuestionan legalidad de la administración
Uno de los principales puntos de desacuerdo es una asamblea realizada en abril, en la que presuntamente se nombró a nuevos representantes vecinales.
Según los afectados, la reunión contó con la participación de apenas ocho personas, pese a que el conjunto habitacional está integrado por alrededor de 120 propietarios. Por ello, cuestionaron que se hayan cumplido los requisitos de convocatoria, quórum y votación para validar los nombramientos.
Los residentes también manifestaron inconformidad por la entrega provisional de la caseta de vigilancia a personas vinculadas con la disputa.
Aseguran que la medida de la Fiscalía únicamente contempla el resguardo del inmueble y no concede atribuciones para administrar el condominio ni cobrar cuotas a los propietarios.
Sin embargo, denunciaron que recientemente comenzaron a solicitar comprobantes de pago y documentos para acreditar la residencia, además de colocar avisos en los que desconocerían aportaciones realizadas a la administración anterior.
Temen cobros duplicados y nuevas agresiones
Los habitantes advirtieron que algunos propietarios ya pagaron sus cuotas de mantenimiento por adelantado, incluso hasta 2027 y 2028, por lo que temen que se les exija cubrir nuevamente esos montos.
A las presuntas irregularidades administrativas se suman señalamientos de amenazas telefónicas y directas, agresiones físicas y hostigamiento contra residentes y sus familias, incluidos menores de edad.
Uno de los denunciantes aseguró que la situación ha deteriorado la seguridad dentro del conjunto habitacional y que teme permanecer en su propia vivienda.
Aunque, según los testimonios, las autoridades proporcionaron patrullas para reforzar la vigilancia, los vecinos señalaron que la presencia policial disminuyó posteriormente.
Ante este escenario, solicitaron protección y una investigación que permita esclarecer tanto las denuncias por amenazas como las condiciones legales bajo las cuales se entregó la caseta.
