Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue captado caminando por la avenida Revolución, en Tijuana, en medio de los señalamientos que enfrenta por parte del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las imágenes, difundidas por la cuenta Calleja News y retomadas por Latinus el sábado 31 de octubre, muestran al exfuncionario recorriendo una de las vialidades más concurridas de la ciudad entre peatones, mientras consulta ocasionalmente su teléfono celular.
Durante su trayecto, Torres pasó frente a un mural con la leyenda “Tijuana por siempre”, inaugurado a principios de agosto, sin que se observara algún incidente durante su recorrido.
Esta aparición pública ocurre después de que en junio pasado también fuera visto en el partido inaugural del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.
Los señalamientos contra Carlos Torres
El nombre del exesposo de la mandataria estatal volvió a cobrar relevancia luego de que, en septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciara sanciones en su contra.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las operaciones de organizaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa, particularmente grupos vinculados con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.
Entre los señalamientos también figura la presunta recepción de pagos mensuales por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de facilitar que las estructuras criminales operaran con impunidad en Baja California.
En mayo de 2025, Estados Unidos revocó las visas de Carlos Torres y Marina del Pilar, situación que generó cuestionamientos políticos sobre la entonces pareja.
Por su parte, Torres ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha manifestado que buscará aclarar la información ante las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, las imputaciones difundidas por el gobierno estadounidense constituyen señalamientos de esa autoridad y no representan, por sí mismas, una sentencia judicial de culpabilidad.
